En primer lugar, el Estado español incumple la Carta Social Europea. Según este criterio, el SMI en Hego Euskal Herria debería estar en los 1.100 euros, (15.400 euros anuales) un 41% más de lo que Madrid establece. La decisión de Madrid es un nuevo regalo a la patronal, y por tanto, un elemento que incide aún más en el injusto reparto de la riqueza y en el incremento de las desigualdades.
En segundo lugar, resulta escandaloso que el SMI impuesto desde Madrid esté incluso por debajo de los 12.000 euros, renta mínima recomendada por la Unión Europea para que las personas no se encuentren en situación de pobreza según la renta media de Hego Euskal Herria. Esta medida impacta muy negativamente en quienes reciben prestaciones por desempleo, subsidios o rentas mínimas, ya que están ligadas al SMI. El resultado: miles de personas que no son protegidas debidamente de la pobreza.
Por último, la imposición del salario SMI, junto con las recientes medidas aprobadas como la vergonzosa ayuda de 426 euros para una de cada 7 personas paradas de larga duración, así como la subida de un 0,25% a las pensiones ponen en evidencia el alto costo que supone para las trabajadoras y trabajadores vascos carecer de un marco propio de relaciones laborales y de protección social.
Los poderes políticos y económicos que gestionan el actual marco tan sólo se sostienen a base de extender y promover la precariedad y la pobreza. Esa es su única garantía para acumular riqueza. Romper con el marco que niega la vida digna a las trabajadoras y trabajadores y romper con el régimen que nos impide tomar nuestras propias decisiones es la única posibilidad con la que contamos en Euskal Herria para abrir las puertas a un nuevo escenario con mayor igualdad, dignidad y justicia.
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