El año recién estrenado no podía empezar peor. Las oficinas de los servicios públicos de empleo han registrado un total de 188.268 personas desempleadas en Hego Euskal Herria, superando así la cota más elevada alcanzada hasta ahora desde el inicio de la crisis y convirtiéndose en la cifra de paro más alta de toda la serie comparable (en 1996 se implantó la metodología vigente para la medición del paro registrado).
Por tanto, la evolución del paro durante el primer mes de 2011 ha dejado un saldo neto muy negativo con 9.296 personas más en desempleo, entre las cuales siete de cada diez son mujeres.El fuerte repunte del paro producido en enero representa un incremento del 5,2% con respecto a la cifra registrada en diciembre, aunque la subida ha sido mucho más severa entre la juventud (+7,9%).
Todos estos datos vienen a confirmar el descalabro laboral que ya venían adelantando las diferentes encuestas realizadas sobre el mercado de trabajo; pero sobre todo constituyen la prueba palpable que certifica la ineficacia de la reforma laboral para favorecer la creación de empleo.
En este sentido, queremos destacar que este espectacular aumento del paro se inscribe en un contexto caracterizado por la imposición de toda una batería de medidas regresivas y antisociales. La última de estas agresiones contra la clase trabajadora ha sido el recorte de las pensiones y el retraso de la edad de jubilación, una medida adoptada por el gobierno del PSOE con la colaboración necesaria de CCOO y UGT.
Además del enorme retroceso social que implica la reforma de las pensiones pactada, es necesario advertir que también supondrá un nuevo obstáculo que bloqueará el acceso de la juventud al empleo.
De todo esto sacamos dos conclusiones:
- CCOO y UGT han consumado una nueva traición contra la clase trabajadora para participar en el "baile de los vampiros" organizado como ofrenda a los mercados, y entregan en sacrificio nuestras pensiones atribuyéndose una representatividad sindical que en Hego Euskal Herria no les corresponde.
- El actual marco constitucional, con independencia del grado de incumplimiento o de interpretaciones unilaterales del instrumento estatutario, impide el desarrollo de un Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social que nos permita tomar nuestras propias decisiones respecto a aquellas materias de carácter sociolaboral que constituyen el núcleo central de las preocupaciones de la clase trabajadora vasca.
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